En la frontera entre Neuquén y Mendoza se esta llevando a cabo el proyecto de “Potasio Río Colorado”, encarado por la empresa brasileña Vale Do Rio Doce, luego de la compra efectuada el año pasado a Rio Tinto. El proyecto prevé la construcción de las instalaciones necesarias para la extracción de cloruro de potasio.
El cloruro de potasio se utiliza como fertilizante para la agricultura. La demanda mundial de este fertilizante natural es grande y con proyección al crecimiento, ya que potencias emergentes como Brasil hallan este mineral muy necesario para el buen desempeño de la agricultura. Se espera que este nuevo emprendimiento minero, aliente a otros proyectos para la extracción de este mineral “no convencional”, configurando a nuestro país como un gran productor dada las condiciones propicias de su geología.
A fines de septiembre el Congreso sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Luego del debate entorno a las dos versiones en disputa, finalmente se optó por la que tendía a restringir con mayor detalle a la actividad minera. Las diferencias son aparentemente leves, pero los detalles tienden a obstaculizar el desarrollo de las actividades productivas, principalmente la minería, a partir de la prohibición de producción en cualquier superficie con hielo que regule el curso hídrico.
No obstante, la sanción de la ley fue muy festejada por diversos sectores de la sociedad, dada la innegable importancia que posee la protección de estos sistemas naturales únicos, grandes legados de la naturaleza, que son a la vez una importante fuente de agua y una pieza fundamental para el funcionamiento del sistema hídrico. En un contexto donde el cambio climático ya no puede pasarse por alto, nadie puede dudar de la trascendencia de encarar políticas activas tendientes a preservar los glaciares.
La ley de glaciares ha generado grandes disputas y controversias durante su contemplación, y luego de su reciente sanción por parte del Congreso. El sector minero ha sido uno de los grandes opositores a la ley ya que esta tiene por objetivo impedir la actividad en toda el área cordillerana próxima a un glaciar. Esta definición tajante y quizás excesivamente abarcativa, afecta a las economías provinciales e incide en la tasa de empleo regional.
La actividad minera se halla en crecimiento en nuestro país y representa hoy una de las principales actividades productivas de provincias tales como San Juan, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Salta y Catamarca, entre otras; que se verán afectadas por las restricciones que les impone la ley sancionada.
Principalmente el reclamos de las provincias y del sector yacía en que, al ser un recurso natural cuyo dominio le pertenece a las provincias, el espiritu de la norma sancionada representa un avance de la Nación sobre las autonomías locales.
En el 2008 Minas Argentinas S.A. comenzó la construcción de la estación transformadora de Huaco en San Juan. Esta obra, junto con las obras de la Línea de Alta Tensión, conforman un gran incentivo al potencial del sistema eléctrico de la provincia, y presentarán una gran ventaja para establecer una red de distribución que llegue desde Huaco hasta Valle Fértil.Minas Argentinas anunció que la estación transformadora será patrimonio provincial a partir de la conclusión de los trabajos.
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Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso al agua potable y el saneamiento como Derecho Humano.
Esto ha generado una gran disputa ya que, si bien se considera que el agua es un elemento vital y por lo tanto todos deberían acceder a el, organismos tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional sostienen que la gestión del Agua en manos de empresas privadas es una oportunidad de negocio que no se debe desaprovechar.
Lógicamente la privatización del servicio del agua implica que estas empresas fijen un precio, impidiendo que los sectores que no lo puedan pagar no puedan acceder a este recurso de vital importancia.
Por otro lado, siendo el Agua un Derecho Humano, el Estado sería el responsable de garantizar este derecho. Esto supondría un gran gasto público, incluso si solo se ofertase el servicio gratuito de manera parcial, ya que las instalaciones y la infraestructura necesaria para la extracción del agua requieren de una gran inversión que será mayor con el paso del tiempo.
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Con el objetivo de mejorar la infraestructura e impulsar proyectos de desarrollo y de financiamiento para la actividad minera local, el gobierno de Santa Cruz y empresas mineras se aliaron para crear un fondo de desarrollo financiado por las empresas.
Con esto se espera crear un foco productivo local que, además de invertir en la industria minera, se mejore la infraestructura y se lo logre un mayor caudal de empleos en la provincia.
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