El pasado 28 de junio se desarrollaron en nuestro país las elecciones legislativas que ocuparon la mayor parte de la atención de la ciudadanía, a partir del alto voltaje que representaron las polémicas desatadas por las denominadas “candidaturas testimoniales” y por constituir una suerte de plebiscito de la gestión de la actual administración. Mas allá del resultado de las elecciones, las controversias por el “Gran Cuñado”, las disputas entre oposición y gobierno o las especulaciones del día después, creemos oportuno abrir una discusión en torno a un hito ocurrido el 13 de mayo pasado, que involucra a todos los países signatarios del Convenio de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR o Convención de Montego Bay, suscripto en Jamaica en 1982)
En efecto, ese día, vencían los plazos para la presentación de los reclamos de los firmantes del Convenio de Montego Bay, en todos aquellos casos de las pretensiones sobre espacios de la plataforma continental adyacentes a las costas de las Naciones que firmaron este Tratado, piedra fundamental del moderno derecho del mar.
El convenio establecía un plazo de 10 años, a partir de 1999, para que todas las naciones que hubieran ratificado el acuerdo con anterioridad a esa fecha, hicieran valer las pretensiones a ejercer derechos soberanos sobre las plataformas continentales próximas a sus aguas jurisdiccionales. A estos efectos, cada país debía fundar, con argumentos geológicos, morfológicos y geográficos la verosimilitud de sus derechos, demostrando la proximidad geográfica, la continuidad del espacio continental bajo las aguas adyacentes y los demás requisitos en cuanto a profundidad y talud continental. Argentina efectuó la presentación del caso ante la Secretaria de la Convención, convalidando de esta manera su aspiración a ejercer derechos sobre un vasto espacio en el lecho del mar argentino y preservando la “opción” a futuro de llevar a cabo actividades exploratorias en el área de hidrocarburos, minería submarina o generación de energías innovadoras. Caben nuestras felicitaciones a las autoridades de la Cancillería, la Armada Argentina y a los diferentes técnicos, que desde las ciencias de la Oceanografía, la Geología y la Geofísica, contribuyeron a sostener los derechos soberanos de nuestro país ante el concierto de las naciones.
Se sabe que estas pretensiones, aún cuando se encuentren enmarcadas dentro del derecho internacional, serán motivo de controversias y disputas, tal como ya se vislumbra con el Reino Unido a raíz de las superposiciones de reclamos en el Atlántico Sur. Por otra parte, estas disputas por espacios en el lecho del mar, son un fenómeno cada vez mas frecuente en las relaciones internacionales modernas, en particular ante un escenario en el cual el lecho marino y la plataforma continental se presentan como las nuevas fronteras aún inexploradas para la exploración de recursos naturales y energéticos en un mundo de naciones ávidos de ellos. A la disputa con el Reino Unido por la plataforma continental del Atlántico Sur, se le agregan los conflictos en el sudeste asiático entre China y Vietnam, o la legendaria pulseada en el Océano Ártico entre Rusia, Canadá, Noruega y Dinamarca, sin perjuicio del ingreso de los EE.UU. el día en que ratifique el Convenio de Montego Bay (Ver artículo en “The Economist”)
Hagamos votos para que el mar, la preservación y uso sustentable de sus recursos vivos y no vivos y la protección de su riqueza intrínseca se incorporen a la conciencia colectiva de los argentinos como parte de nuestro patrimonio, junto al deber, en forma mancomunada con el resto de las naciones del mundo, de bregar por su cuidado. Es quizás hora de mirar menos a la coyuntura y al corto plazo y fijar metas de largo aliento con la mirada puesta en nuestro mar y sus riquezas naturales.
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