El acápite de este comentario apunta a la urgente necesidad que tiene nuestro país en cuanto a la adopción de marcos racionales para la evaluación de riesgos cuando se trata de formular políticas ambientales, de salud, o incluso en temas tan tópicos como la seguridad urbana.

Estas líneas surgen a partir de las polémicas desatadas por noticias recientes referidas en un caso a la utilización del glifosato en la agricultura por un lado y con las recriminaciones cruzadas entre diferentes reparticiones ante las respuestas del sistema de salud pública ante el dengue y la influenza porcina, por otro. Uno se preguntará que tienen en común estas cuestiones, dispares entre sí, una ligada a la preocupación ambiental por el uso del glifosato y disparada a partir de una acción judicial promovida por la Asociación de Abogados Ambientalistas y la otra impulsada por la investigación periodística luego de la detección de casos de dengue en el Norte de nuestro país.

El hilo conductor común a estas dos cuestiones emblemáticas por su inserción en la opinión pública, es, creo, la forma en que en ambos casos se llega a situaciones controvertidas por la inexistencia de marcos institucionales para la toma de decisiones sobre la base de la evaluación de riesgos en forma racional, ponderando los costos y beneficios, las ventajas y desventajas de una determinada decisión.

Veamos el primero de ellos. La acción de la Asociación de Abogados Ambientalistas apunta a suspender la utilización del glifosato a raíz de las medidas cautelares suscitadas en algunas causas entabladas en el interior del país y de la investigación periodística que cuestionó el cultivo de soja en predios del ejército argentino. Es indudable que la acción trae consigo el aura de la polémica asociada al glifosato en tanto componente del denominado “paquete tecnológico” integrado por la utilización de variantes transgénicas resistentes al herbicida. Una lectura somera de los argumentos planteados en la acción, revelan la existencia de estas cuestiones subyacentes implícitas, que han cobrado una nueva entidad a partir de la publicación del libro  “La Vida según Monsanto” de Marie Monique Robin. Las simplificaciones son casi siempre malas y el caso en cuestión no es excepción a esta regla. El debate acerca del glifosato, el paquete tecnológico y las implicancias para el agro, la extensión de fronteras agrícolas, la pérdida de diversidad biológica y perjuicios a la salud, son todos temas complejos en sí, que ameritan un análisis macro interdisciplinario e interrelacionado. Recurrir a las prohibiciones sin más o las simplificaciones ya sea satanizando, ya sea endiosando determinada tecnología o proceso, es un acto de ingenuidad que no corresponde dentro del ámbito de una política que reivindica la capacidad decisoria del Estado, tal como esgrime la actual administración.

Algo similar podría decirse de la respuesta al avance del dengue en muchas provincias argentinas. Hace tiempo que los especialistas y científicos alertan sobre el avance de esta enfermedad, producto de las alteraciones en el clima y una complacencia en la adopción de medidas preventivas, tales como la vigilancia epidemiológica, la educación, y en un plazo mas mediano, la dotación de la infraestructura sanitaria básica en las zonas mas marginales y vulnerables a la enfermedad.

Ante la falta de marcos institucionales adecuados, las razones científicas son reemplazadas por las presiones de la opinión pública, las agendas de grupos de presión o la simple necesidad de mostrar acciones en el corto plazo para esconder las imprevisiones que tanto nos caracterizan como país. Es de esperar que aprendamos de aquí a futuro y sepamos incorporar procedimientos racionales para la toma de decisiones que hacen a los grandes ejes de las políticas públicas en materia ambiental.

Existen antecedentes valiosos a rescatar y difundir en forma generalizada en todos los órdenes de la vida pública. La CONABIA, por ejemplo, es un organismo interdisciplinario con rigor científico que lleva varios años evaluando los eventos transgénicos, en forma previa a su autorización a ser utilizadas en forma comercial. Esta experiencia y modalidad de trabajo sería más que útil en el caso de ser trasladado a otros ámbitos, como por ejemplo, la evaluación de riesgos en materia ambiental y sanitaria.

Reiteramos nuestra invitación a hacernos llegar sus comentarios y aportes, enviándonos un correo electrónico a info@estudiowalsh.com.ar

Cordiales saludos

Juan Rodrigo Walsh