La Saga Rioplatense de las Papeleras: La historia continúa

Hace un par de años largos me atreví a escribir un artículo con un titulo similar al actual (ver La Ley Litoral Nº 2, Marzo 2006). Para el momento era una opinión políticamente incorrecta, con francas críticas a la política nacional de cara al conflicto con Uruguay por el emplazamiento de las pasteras en Fray Bentos). En aquellos artículos surgió la tesitura de un “populismo verde” en reemplazo de una política ambiental en serio, de largo plazo y con mirada estratégica sobre los grandes problemas del país en relación con los recursos naturales.

En esencia el populismo verde consistía en ceder la capacidad de tomar decisiones en materia ambiental ante las presiones de la ciudadanía autoconvocada o de la opinión pública, sin cuestionamiento o análisis alguno respecto de las razones objetivas que pudieran tener sobre la cuestión de fondo. A toda costa era necesario “quedar bien con la gente”. La legitimidad del reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú, surgía por la espontaneidad y el carácter popular de sus integrantes, en reemplazo de cualquier análisis racional entorno al impacto ambiental de las dos plantas propuestas en aquel momento, o inclusive sobre las atribuciones uruguayas, en tanto país soberano de decidir su radicación en Fray Bentos.

Ese carácter popular y espontáneo de la Asamblea de Gualeguaychú descolocó a una administración nacional acostumbrada mas a las movilizaciones populares reivindicatorias de los derechos humanos o las protestas sociales, que a protestas originadas en la problemática ambiental. Frente a un fenómeno que le era poco familiar, y en un campo que, como el ambiental, no era hasta ese momento una prioridad para la administración nacional, la respuesta fue resignar la capacidad decisoria del estado en favor de la Asamblea Ciudadana, con el objetivo de conquistar el beneplácito de la opinión pública “quedando bien” con las percibidas prioridades ciudadanas.

En la sección de correo de lectores de La Nación del día 30 de noviembre pasado, se publicó la carta del Lic. Esteban Wood, en referencia al calvario que representa cualquier viaje por tierra al país hermano de Uruguay, a raíz de los cortes de frontera originados en la soberbia de quienes se han arrogado, con el pretexto de defender el derecho al ambiente, la facultad de definir quien cruza y quien no el puente que une Gualeguaychú y Fray Bentos. Conozco a quien escribió la conmovedora carta de lectores, constándome la veracidad de las circunstancias de dolor personal relatado. Confieso que me indignó el relato del calvario vivido por una familia que pretendió cruzar la frontera por una perdida personal y debió justificarse ante la arrogancia de quienes se atribuyen el monopolio de la verdad y la defensa de la vida, reemplazando al propio estado nacional en el manejo de las relaciones con el país vecino.

La carta de lectores dispara varias reflexiones sobre el triste conflicto con Uruguay y la política ambiental encarada por nuestro país hasta la fecha. Veamos:

1. En primer termino, la estrategia de llevar el conflicto al ámbito judicial internacional, constituyó creo un error político no menor. El viejo dicho de que un mal arreglo es mejor que un buen juicio, resulta plenamente aplicable al caso que nos ocupa. Seguramente hubo quienes soñaron con abrir senderos en el derecho internacional ambiental obteniendo una sentencia señera que pasaría a los anales de la jurisprudencia internacional y la consideración del mundo académico. Pero, ¿A costas de una relación bilateral con más de dos siglos de historia? En lo personal creo que ha sido un precio demasiado elevado que hemos de pagar los argentinos. En tal sentido, las negociaciones deberían haber seguido, los argentinos deberíamos haber quizás asumido los errores anteriores por los cuales la misma decisión uruguaya de radicar las pasteras sobre el Río Uruguay, pasó inadvertido hasta que ya fuera muy tarde y actuar de aquí a futuro en esquemas decisorios de consenso para las obras con impacto regional. ¿Qué pasa si la sentencia definitiva de La Corte en la Haya nos es adverso? Como se vuelve de un fallo así?

2. Asimilar la agenda ambiental a la agenda de los derechos humanos ha sido una manipulación artera y oportunista de cuestiones con un profundo arraigo en el pueblo argentino. Es indudable que la inexistencia de una calidad ambiental mínima representa una conculcación de los derechos esenciales de los argentinos. Pero para revertir esto se requieren políticas públicas efectivas y acompañadas de los recursos presupuestarios acordes, más que las declaraciones de principios.

3. La política ambiental desde 2006 hasta la fecha ha sido marcada por la necesidad de parecer militante y combativo frente a la perfidia de los uruguayos, y otros “traidores a la patria” que pudieran esgrimir opiniones divergentes a las de los integrantes de la asamblea. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en estas discusiones?

4. En cuanto a la naturaleza técnica de la discusión frente a lo políticamente correcto de anunciar catástrofes inminentes, nos cabe la reflexión ¿Cuántos estudios fehacientes tenemos respecto de la existencia de contaminación como para sostener los argumentos apocalípticos esgrimidos durante los últimos tres años? Creo que la respuesta es más bien magra y escasa, quitando en gran medida cualquier legitimidad que pudiéramos tener en cuanto a lo supuestamente inconsulto de la decisión de radicar grandes inversiones en el área de influencia del Río Uruguay.

5. Finalmente, cabe la reflexión en cuanto al rumbo futuro de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. A las primeras expresiones de apoyo espontáneo de gran parte de la opinión pública ante una protesta que a todas luces gozaba de genuina legitimidad, le sigue hoy el fastidio y la irritación ante la persistencia de las actitudes arrogantes que llevan a mantener los cortes de ruta durante los últimos dos años. Inevitablemente surge el interrogante: ¿Porqué la Asamblea Ciudadana debe ser la única organización con legitimidad suficiente para enarbolar la causa del ambientalismo nacional, en lo que hace a Botnia y Uruguay? ¿Por qué deben ser consideradas las únicas voces representativas de la “sociedad civil”? Las últimas declaraciones del Gobernador Entrerriano y sus cruces con diversos integrantes de la Asamblea son preocupantes por el nivel de intolerancia que revelan con cualquier disidencia que puede presentarse respecto de la estrategia de los cortes de ruta. Al final, la persistencia de los cortes y de las actitudes poco tolerantes con cualquiera que opine diferente, solo servirá para alienar a la opinión pública de las cuestiones ambientales, identificadas con las posiciones cerriles de algunos activistas.

En conclusión, la cuestión de las papeleras y la militancia ciudadana durante 2006 puso indudablemente a los temas ambientales en la agenda pública argentina, cuando estos, en aquel momento, no eran una prioridad para el Estado. Sería una gran pena y una ironía que el hastío generalizado con los métodos bien intencionados pero revestidos de autoritarismo, terminen por alejar nuevamente a las cuestiones ambientales del eje de las políticas públicas trascendentes. En esto hay responsabilidades compartidas entre las organizaciones de la sociedad civil que bregan por el ambiente, junto con las de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Las primeras deberían comprender que las posturas irreductibles solo sirven para marginarlos del resto de la sociedad. Las segundas, que las respuestas desde lo público deben ser mesuradas y razonadas, con mayor énfasis en la gestión concreta, que en las declamaciones carentes de contenido. En momentos en los cuales se ha producido un recambio en la Secretaría de Ambiente de la Nación, es quizás un momento oportuno para renovar los votos para la construcción de políticas ambientales con mayor consistencia de la que hubo en los últimos años.

Reiteramos nuestra invitación a hacernos llegar sus comentarios y aportes, enviándonos un correo electrónico a info@estudiowalsh.com.ar

Cordiales saludos

Juan Rodrigo Walsh