La discusión entorno a los seguros ambientales sigue ocupando un lugar central en la agenda de la política ambiental argentina y continúa desatando controversias. Las autoridades ambientales, junto a las áreas de finanzas y de seguros de la Administración Nacional han avanzado recientemente en la determinación de montos y topes asegurables, con el fin de acotar el nivel de incertidumbre que ha rodeado a este instrumento desde su incorporación en la Ley General del Ambiente.

Desde los principios de la década que el instrumento del seguro y la garantía financiera son objeto de intenso debate entorno a su utilidad y factibilidad practica para hacer frente a los eventuales daños ambientales que pudieran producirse como consecuencia de la actividad productiva. Desde la perspectiva del industrial y de la empresa, el seguro ambiental es considerado una herramienta poco adecuada para la administración de los riesgos, en función de la dificultad de precisar los alcances del siniestro con implicancias ambientales. Desde el sector público, las imprecisiones en cuanto a la cuantificación de los daños han militado en contra de una conformación de rangos de riesgo y cobertura que favorezca la aparición de una oferta sólida de pólizas.

Por encima de esto, en nuestro país no existe aún un lineamiento claro en materia de jurisprudencia de daño ambiental y recomposición. Este factor es quizás el que más incertidumbre introduce en el contexto actual e impide la creación de un mercado asegurador que resuelva las exigencias de la Ley General del Ambiente.

Las controversias en estas instancias son bienvenidas en la medida que contribuyan a un debate franco y honesto entorno a la instrumentación de un seguro ambiental que efectivamente sirva para acotar el riesgo para el sector regulado, y a su vez sea una herramienta que resguarde la recomposición en caso de daños al entorno. Esto debiera ser el eje superador de la discusión, basado en la racionalidad económica y el sustento científico técnico.   

Juan Rodrigo Walsh